Segunda vuelta electoral, ¿iniciativa PAN/Beltrones?

Por Aarón Tapia

En octubre del 2019 se viralizó en las redes sociales una imagen de una sobremesa en algún restaurante de la CDMX entre el diputado local del PAN en Sonora Gildardo Real y el ex presidente del PRI nacional Manlio Fabio Beltrones, y fungiendo como flamante fotógrafo el Director Jurídico del Gobierno el Estado de Sonora, Iván Jaimes.

El diputado Real al ser cuestionado por la prensa sobre esta reunión declaró lo siguiente: “Era un pendiente que teníamos hace mucho, tenemos amigos en común y nos reunimos el lunes, sin ningún tema en específico, solamente fortaleciendo relaciones”.

También a finales de octubre pero del 2016, Beltrones reaparecía a la escena pública poco después de haber dejado la dirigencia nacional del PRI tras el rotundo fracaso electoral del 2016 en donde bajo su dirección el PRI solo ganó 5 de 12 comicios a gubernaturas. En esa reaparición propuso gobiernos de coalición y segunda vuelta electoral para las elecciones del 2018. 

 Si el candidato triunfador obtenía el 42% o más de los votos se aplicaría automáticamente la cláusula de sobrerrepresentación para integrar una mayoría parlamentaria, pero si obtenía menos del 42 % de la votación la ley obligaría al partido ganador a abrir una negociación política para ponerse de acuerdo e integrar un gobierno de coalición formando una mayoría en el congreso y por ende el nombramiento conjunto por parte de esa coalición del gabinete presidencial, y en caso de que no haya acuerdos para el gobierno de coalición, llevar a cabo una segunda vuelta electoral entre la primera y segunda fuerza política.

A todas luces se trataba de una dedicatoria para Andrés Manuel López Obrador, el entonces ya delantero en las preferencias de la intención del voto para presidente, y era que llegaría lo más posiblemente amaniatado para su ejercicio presidencial o en el mejor de los casos evitar su instalación en la presidencia. La propuesta lejos de prosperar ni siquiera logró un eco polarizante entre las diferentes fuerzas políticas ni en la sociedad civil y sucedió todo lo contrario a la inercia de las últimas 4 elecciones, donde ningún candidato había obtenido el 50% más uno de la votación. López Obrador llegó al 53% y sacó una ventaja de poco más del 30% sobre el segundo lugar.

Cinco meses después de esa sobremesa política ante un escenario electoral similar al que se avizoraba en el 2016, en cuanto a lo favorable para quien sea el candidato o candidata de Morena a la gubernatura en Sonora (las encuestas así lo marcan), el diputado más joven de la bancada panista en el Congreso Local de Sonora, Eduardo Urbina (¿el sacrificado?) presentó ante el pleno una iniciativa de reforma constitucional para que se aplique la segunda vuelta electoral desde el 2021 para candidaturas a gubernaturas y alcaldías en las elecciones donde el ganador obtenga menos del 50% de las votaciones y solo aplicaría entre los dos candidatos al cargo que hayan tenido la mayor cifra de votos en la elección.

Según el diputado Urbina y sus correligionarios del PAN, el propósito de esta iniciativa es darle una mayor legitimación a esos cargos con la finalidad de que haya una gobernabilidad efectiva. Pero es axiomático que tanto PRI como PAN se sienten mucho más cómodos con un gobierno emanado de cualquiera de estos dos partidos que con uno de Morena porque pragmáticamente representan el mismo sistema de intereses y una segunda vuelta electoral “justificaría” lo que tanto se ha especulado y que en realidad una buena parte de la militancia de ambos partidos desean: una alianza electoral entre estos dos partidos que evite la llegada de Morena a la gubernatura y a algunas alcaldías, pero que en una elección con el sistema actual provocaría un gran rechazo del electorado porque sería la evidencia implícita, contundente, abierta y ya oficializada del histórico amasiato bipartidista conocido popularmente como el PRIAN.

La teoría de que una segunda vuelta electoral dota de una mayor legitimidad de origen a los gobernantes ya ha quedado muy rebasada en la praxis porque ni siquiera garantiza una similar o mayor participación del electorado a la de la primera vuelta. Además se da la gran posibilidad de que el ganador obtenga menos votos de los que obtuvo en la primera votación. La experiencia en San Luis Potosí en 1997 y en el 2000 así nos lo indica. En ambas elecciones el abstencionismo aumentó en la segunda vuelta; tal fue el fracaso en las expectativas que en vez de garantizar gobernabilidad solo encareció las elecciones y generó tanta decepción que en el 2005 se suprimió esa ley electoral.

También son abundantes los paradigmas internacionales en el que se constata que las segundas vueltas no garantizan ni gobernabilidad ni evitan los conflictos post electorales. Lo sucedido recientemente en Bolivia con el golpe de estado a Evo Morales es un claro ejemplo de ello, lo mismo en Brásil, quienes hicieron las alianzas electorales con Dilma Roussef para una segunda vuelta electoral son los mismos que la llevaron a un impeachment donde finalmente la destituyeron de la presidencia. 

Un caso de mayor gravedad donde lejos de alentar la legitimidad y gobernabilidad, motivaron el autoritarismo y debilitamiento democrático de un país fue el caso de Perú en 1990 cuando compitieron por la presidencia Alberto Fujimori y el escritor Mario Vargas Llosa, este último en la elección ordinaria ganó con un 32.6 contra 29.1 puntos porcentuales. En la segunda vuelta Fujimori arrasó con una ventaja del 25%, el 62.5% de los votos contra el 37.5% de Vargas Llosa. No obstante el partido de Fujimori solo alcanzó el 18% de representación en el Congreso. 

En 1992 ya como presidente Fujimori optó de manera tiránica derogar la Constitución Política de Perú para permitir su reelección inmediata después de propiciarse un autogolpe de estado que le dió el pretexto para disolver el Congreso y así eliminar las dificultades que representaba la oposición por ser minoría legislativa y llevó a cabo una toma ilegal de las instituciones públicas, de la misma manera socavó al Poder Judicial lo que lo llevó a ser prácticamente un dictador. En Perú por diez años (1990-2000) imperó el caos y la corrupción.

El costo de las elecciones se incrementa sustancialmente con las segundas vueltas electorales: reimpresiones de boletas, desarrollo e implementación de un nuevo software, capacitación del recurso humano y aumento en las jornadas laborales de los órganos electorales y un larguísimo etcétera.

Es evidente que ninguna de las supuestas bondades democráticas y de legitimidad que pudiera ofrecer (sin garantías) la segunda vuelta electoral en Sonora, justifican su alto costo económico aunado a la de por sí carísima democracia electoral que ya pagamos los sonorenses y mucho menos lo justifica cuando a todas luces se trata de una ocurrencia legislativa con todo el tufo dedicatorio para tratar de detener a un partido en específico que no es afín al enquistado grupo oligarca en Sonora que utiliza a los partidos políticos como vulgares instrumentos para seguir ejerciendo el control del presupuesto y de los poderes estatales que nutren su voracidad acaparadora en detrimento de la gran mayoría ciudadana, lo cual ha llevado a la paupérrima y crítica situación social, económica, política e institucional de nuestro estado.

 

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 fm y colaborador de análisis político en el noticiero Titulares de Radio Fórmula Sonora.

Twitter: @Naranjero75

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