Familiares acusan presiones de gobierno de Sonora para inculpar a inocentes en delitos contra sonorenses

Por Claudio Tiznado

En México existen al menos dos asuntos judiciales que han adquirido gran relevancia mediática donde familiares de sujetos involucrados en delitos contra sonorenses, aseguran que dichos inculpados solo son "chivos expiatorios" a través de los cuales se pretende quedar bien con el gobierno de Sonora.

Se trata de dos casos polémicos en los cuales los presuntos responsables ya se encuentran tras las rejas; el primero de ellos ocurrido en el vecino estado de Chihuahua en 2017 y otro que acaba de acontecer la semana pasada en Quintana Roo.

En el caso de Chihuahua se habla de que tres policías municipales de aquella entidad fueron acusados por la Fiscalía General de Justicia de ser los autores materiales de la desaparición de dos jovenes originarios de Cananea que circunstancialmente circulaban por la carretera Janos-Casas Grandes en mayo de 2017.

Se trata de los agentes del municipios de Buenaventura Héctor Manuel Alcalá Castañón, Manuel Héctor Arreola Soto y Enrique Lozano Saucedo.

En junio del año pasado, Jesús Lozano hermano de Enrique Lozano, declaró a un periódico chihuahuense http://entrelineas.com.mx/local/presiono-sonora-a-chihuahua-par-responder-por-desaparicion-de-2-jovenes-fge-acuso-a-policias-inocentes/ que el gobierno de Sonora presionó a las autoridades de Chihuahua para que respondieran por la desaparición de Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Servín Ramos, ocurrida el 12 de mayo del 2017 en el citado tramo.

En respuesta, la Fiscalía tomó la determinación de hacer a un lado la carpeta de investigación que tenía comenzada y decidió detener al comandante, subcomandante y a una gente de la Policía Municipal el 17 de noviembre de aquel año y acusarlos de desaparición forzada, según lo señaló el hermano del citado agente.

Luego de permanecer seis meses detenidos, estos policías fueron vinculados a proceso por una nueva jueza del distrito de Galeana, a quien acusan los familiares de los tres inculpados en conjunto, haber desconocido la resolución y actuaciones del juez Marco Antonio Palma, el primero que atendió la causa penal, en la cual se había deslindado de toda culpabilidad a los agentes policíacos al no encontrar pruebas de que estuvieran siquiera en lugar de los hechos.

La esposa del agente de nombre Manuel Alcalá Castañón presentó copia del ticket de supermercado del 12 de mayo que prueba que estuvieron juntos haciendo compra en Nuevo Casas Grandes y se mostró una fotografía del 12 de mayo, donde también se muestra al comandante Enrique Lozano en Palacio de Gobierno a donde acudió a un evento de seguridad pública que terminó hasta las 4:00 de la tarde.

Además, la última comunicación que se tuvo los desaparecidos, según declaración de la hermana de uno de ellos, fue en Casas Grandes y el Ministerio Público establece que los hechos ocurrieron en Buenaventura.

Pese a estas pruebas, los policías municipales siguen recluidos en el Cereso No. 5 de Nuevo Casas Grandes, por las declaraciones de dos testigos protegidos, quienes dicen haber visto que arrestaron a los dos jóvenes pero cuyos dichos están plagados de contradicciones.

Por ello, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se supone ya fue turnada a la CNDH, pues aparte refieren que fueron presionados por la coordinadora de Control Interno de la Fiscalía, para que aceptaran admitir un delito que no cometieron.

La misma situación se replicó en Cancún, Quintana Roo, alega un familiar de uno de los tres acusados de intento de secuestro en contra de tres atletas de la delegación sonorense que asistían a la Olimpiada Nacional organizada por la Conade en aquel sitio de nombre Luis Vázquez, quien sostiene que su suegro de nombre Abelardo Guzmán Flores quien fue detenido hace unos cuantos días por la Fiscalía de aquel Estado, es inocente de los cargos que se le imputan.

De igual manera acusó la celeridad con que el gobierno estatal actuó en consecuencia para quedar bien con las autorides de la Conade y el Gobierno de Sonora, pero violentando los derechos de personas que como su suegro no tuvieron que ver en los citados hechos ya del conocimiento de todo el País.

Vázquez aseguró en entrevista telefónica, que en la primera audiencia de vinculación a proceso donde a su familiar ya le dieron dos años de prisión preventiva por el delito de secuestro agravado, a éste no se le permitió exhibir las pruebas que lo exoneran de cualquier responsabilidad.

Por ello pidió públicamente al Gobierno de Sonora y a la dirección general de la Conade que dirige Ana Gabriela Guevara estar al pendiente del desarrollo del juicio para que su suegro no pague un delito que no cometió que lo podría llevar a purgar una condena de hasta 90 años de prisión.

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