DESPUÉS DE LA CRIMINALIZACIÓN OFICIAL SIN PRUEBAS, ANTORCHA ES VÍCTIMA DE ENCARCELAMIENTOS, SECUESTROS Y HOMICIDIOS 

Por Omar Carreón

Una buena parte de la opinión pública está enterada de que desde poco antes de que iniciara esta administración federal, los mexicanos que forman parte del Movimiento Antorchista, han sido víctimas de ataques y calumnias totalmente inmotivados y sin pruebas por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fueron más de 150 veces las que el ejecutivo federal denostó a los antorchistas acusándolos públicamente de delitos que nunca habían cometido y ridiculizó el nombre de su organización.

 

Al calor de los insultos, entró de lleno en escena Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla quien, en varias ocasiones llamó criminales a los antorchistas y sentenció que acabaría con su organización. Otro funcionario que hizo también su parte fue Santiago Nieto Castillo quien, sin ninguna prueba ni denuncia de ningún manejo irregular de dinero, mandó bloquear varias cuentas de varios negocios que tiene la organización desde hace más de 30 años, declaró a los medios que los antorchistas eran muy ricos y que sus cuentas personales tenían cientos de millones de pesos. Tampoco aportó nunca ninguna prueba, hasta ahora no se trata más que de guerra mediática en preparación de las elecciones del año que entra. Y otro destacado miembro de la 4T que no ha tenido empacho en entrar a la guerra sucia contra los ciudadanos desde el poder, es el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez quien, también, a título de declaraciones personales a los medios, criminaliza la existencia y la actividad de los antorchistas en Veracruz y en México entero. Esa es la moral política de algunos de los más destacados elementos de la 4T.

 

Las consecuencias no se han hecho esperar. A nadie debe caberle ninguna duda de que esas campañas de difamación desde el poder, primero, encubren las acciones ilegales y abusivas de autoridades represivas e inescrupulosas, tendiendo sobre sus acciones un manto de supuesto combate en favor de la justicia y, segundo, animan a delincuentes comunes a cebarse sobre los agredidos creyendo o haciendo como que creen que son verdades las afirmaciones que sobre ellos se hacen y partiendo de la base de que si están malquistados con el poder éste no actuara en su defensa aunque se atropellen sus derechos, se vulnere su integridad y se atente contra su vida. En consecuencia, luego de la campaña infamante desde el gobierno, los antorchistas estámos más expuestos a las agresiones del poder y de la delincuencia organizada. Veamos.

 

Primero. El gobierno de Miguel Barbosa Huerta instrumentó una orden de aprehensión en contra de la compañera Rosario Sánchez Hernández acusándola de robo de despensas. La compañera es una joven mujer respetable, activa, trabajadora y muy apreciada por miles de poblanos y poblanas que se sienten representados por ella, en un sistema justo en el que no contaran las órdenes del poder, no habría ninguna posiblidad de sospechar su culpabilidad; ahora se sabe que tuvo que presionar fuerte el gobierno del estado de Puebla para que el juez correspondiente se animara a firmar la orden de aprehensión. Sigo. Está el caso del ingeniero Ignacio Cruz Tobón a quien los ministeriales de la fiscalía de Coahuila se llevaron secuestrado sin ninguna flagrancia ni presentación de orden de juez, el miércoles 30 de septiembre cuando se encontraba en una marcha que solicitaba audiencia con el gobernador supuestamente acusado de invasión de terrenos; ante la presión popular, fue liberado dos días después con un brazalete de seguridad que no le pusieron en su momento a Ovidio Guzmán. Todo esto está sucediendo, repito, después de las declaraciones denigrantes por parte de varios funcionarios públicos federales y estatales.

 

Segundo. El secuestro de cuatro compañeros en la zona urbana del puerto de Veracruz el pasado jueves 8 de octubre. Cuatro jovencitos, dos de ellos miembros del Comité Estatal, cuya vida y cuyo trabajo son ampliamente conocidos en la zona en la que habitan y trabajan y que, por las mismas razones, cualquier vecino daría razón de que no tienen absolutamente ninguna posiblidad de pagar un rescate de un millón de pesos que era lo que pedían los “secuestradores” que se los llevaron y los tuvieron dos días desaparecidos. Curioso el caso. No se necesita ser un experto en este tipo de situaciones para tener muchas dudas acerca de la autencidad del secuestro. Sepa usted amigo lector que no se los llevaron en la oscuridad de la noche o al calor de un pleito de copas, se los llevaron en plena luz del día y, ojo, no se los llevaron juntos, sino que, con engaños y mediante un operativo que duró varias horas, fueron llevándose de uno por uno hasta que completaron a los cuatro. ¿Gozaban de protección?  ¿Alguien puede tener alguna duda de que en este, como en muchos otros casos, pero especialmente en este en el que se agravia a una organización del pueblo que le reclama soluciones al gobernador, habrá algún detenido y se hará justicia?

 

Tercero y último… hasta ahora. La ejecución artera de tres pacíficos campesinos antorchistas de Santo Domingo Yosoñama, Oaxaca, que se dirigían a trabajar en la mañana del pasado lunes 5 de octubre. Creo conveniente que el amable lector quede enterado de que Santo Domingo Yosoñama mantiene un viejo conflicto agrario con San Juan Mixtepec y que, con ese pretexto, pistoleros entrenados y protegidos desde las esferas del gobierno que viven y operan desde San Juan Mixtepec, han perpetrado asesinatos verdaderamente escalofriantes durante muchos años. Si no se pone cuidado podría parecer que el triple homicidio es una nueva edición de esos crímenes y que nada tiene que ver con el clima de linchamiento que se ha desatado contra los antorchistas a nivel nacional. Pero esto no es así. Debe saberse, en primer lugar, que el Movimiento Antorchista le ha propuesto al gobierno de Oaxaca la instrumentación de acuerdos a los que han accedido los campesinos de Yosoñama para que, por medio de obras e indemnizaciones aceptables, se intervenga para que el conflicto quede resuelto en definitiva y nada se ha hecho.

 

También hay que tomar en cuenta que el referido asesinato de los tres campesinos tuvo lugar el 5 de octubre y que, ojo, hacía varios años (por lo menos desde octubre de 2018) que no había muertes y la población de la zona gozaba de cierta tranquilidad y paz. No sólo eso, días antes de los hechos, cuando empezaron a correr rumores en la región en el sentido de que se preparaba un hecho sangriento, el 1 de octubre para ser más precisos, cuatro días antes de los hechos, se dio oportuno aviso a la autoridad estatal, se le solicitó vigilancia disuasiva y, como lo demuestran los resultados, se hizo caso omiso. Ahora hay tres familias más y todos los antorchistas de Santo Domingo Yosoñama y del país entero, enlutados y agraviados.

¿Alguien puede decir que nada tiene que ver el clima de persecución y linchamiento enderezado contra los antorchistas desde las más altas esferas del poder? ¿Cuántos perseguidos y encarcelados, secuestrados y asesinados habrá todavía que resistir?

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