Vecinos de Mulatos evidencian a minera ante AMLO en su gira por "Punta Chueca"

Por Claudio Tiznado

Un grupo de vecinos de la comunidad de Mulatos en el Municipio de Sahuaripa, entregó hoy al presidente López Obrador un documento donde le manifiestan su inconformidad por la falta de compromiso de la empresa Alamos Gold Inc. y/o Minas de Oro Nacional para reubicarlos e indemnizarlos con justicia.

De acuerdo al contingente de inconformes, desde 2007 se firmó una minuta entre los habitantes del lugar y la mina Mulatos, que fue avalada por el Gobierno del Estado como testigo de honor, misma que no ha sido cumplida a cabalidad, pues se han roto todos los acuerdos para la reubicación del poblado.

En el documento ya en manos del Primer Mandatario de la Nación se asegura que el 31 de mayo de 2007 se suscribió por una comisión de pobladores un documento signado por funcionarios estatales y representantes de la empresa minera ubicada en la Sierra sonorense, donde todos los firmantes se comprometieron a darle seguimiento a los acuerdos.

"Actualmente los que suscribimos y familias enteras, estamos sufriendo violación de derechos humanos, porque desde 2007, fuimos desplazados de nuestro pueblo a cambio de recibir una compensación indemnizatoria, así como el pago de nuestras viviendas, apoyos para construir otra casa por cada familia que habita el pueblo, conformar otro poblado, apoyos de becas para  nuestros hijos, servicios médicos y sobre todo trabajo preferente para los residentes de Mulatos", se asegura textualmente en la misiva entregada al Jefe del Ejecutivo Federal.

Entre las violaciones humanas enumeradas en la carta, se cita la contaminación constante que genera la mina Mulatos, falta de escuelas, pues el jardín de niños, la primaria y telesecundaria que existían ya fueron cerradas y falta de médicos, pues el que presta el servicio es empleado de la mina y no da recetas a los usuarios, sobre todo cuando se trata de enfermedades respiratorias.

Se agrega que si bien es cierto que ya se conformó un poblado en la comunidad de "Matarachi" con personas reubicadas de Mulatos a las que se les construyeron sus respectivas viviendas, estas edificaciones no cuentan con el servicio de agua potable, situación que tanto autoridades municipales de Saguaripa como ejecutivos mineros omitieron cuando hicieron dicho anuncio en marzo pasado en la capital sonorense para tratar de quedar bien ante la opinión pública.

Entre otras peticiones, los inconformes piden a AMLO que coadyuve entre las partes para que se propicie un mejor y mayor acercamiento con la empresa en mención, pues como dueños de viviendas y de tierras de interés como áreas de reserva de esa compañía canadiense sus casos deben revisarse conforme a derecho.

"Para variar, en una franca violación a nuestras garantías individuales, la empresa minera, ha desconocido como pobladores a varios de los que aquí firmamos, aún y cuando se les ha demostrado con antecedentes que somos pobladores de Mulatos, Sonora", se explica en el escrito.

Además del incumplimiento de los acuerdos por parte de la citada empresa minera, como parte de las demandas, en la misiva entrega al Presidente se aborda un aspecto interesante de interés público: la posibilidad que ellos los habitantes de Mulatos tienen de volver a bloquear los accesos a la mina debido a la constante emisión de agentes contaminantes producto de los trabajos diarios, y también por las fuertes detonaciones con dinamita que se realizan al interior de esa compañía.

"Esto es con la finalidad de que no se siga pisoteando nuestros derechos, pues familias enteras han sido devastadas e indemnizadas con cantidades ridículas, asentándolas en lugares indignos, huelga decir, que tenemos derecho a vivir en un lugar digno y tenemos derecho a que no se pisoteen nuestros derechos, ya que día con día se ve mermada nuestra calidad de vida y la de nuestras familias", se puntualiza en el documento.

Dicha carta entregada al presidente de la República, también fue remitida al embajador de Canadá en México, al departamento jurídico de Alamos Gold en Sonora, así como a la CEDH y CNDH y medios de comunicación locales y nacionales.

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